Santo Domingo.– La Corte de Apelación del Distrito Nacional acogió la solicitud del Ministerio Público y ratificó la prisión preventiva impuesta a Santiago Hazim, señalado como el principal cabecilla de la red de corrupción desmantelada mediante la Operación Cobra, acusada de estafar al Estado dominicano con más de RD$15,000 millones destinados a los servicios de salud del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).

La decisión judicial reafirma la solidez de la investigación desarrollada por el Ministerio Público, la cual establece que los fondos saqueados estaban destinados a la atención sanitaria de más de siete millones de afiliados del sistema público de salud.

Al fallar sobre el fondo de la apelación, el tribunal desestimó los recursos interpuestos por Hazim Albainy y los demás imputados: Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Rafael Luis Martínez Hazim, Ramón Alan Speaklear Mateo y Ada Ledesma Ubiera, confirmando en todas sus partes la resolución que impuso 18 meses de prisión preventiva.

El pleno de la Corte, presidido por la magistrada Isis Muñoz, junto a los jueces Teófilo Andújar y Luis Omar Jiménez, también rechazó el planteamiento de inconstitucionalidad presentado por la defensa de Hazim Albainy contra los numerales 2 y 3 del artículo 377 del Código Procesal Penal.

En su motivación, los jueces explicaron que la defensa incurrió en un error al pretender supeditar la vigencia de la prisión preventiva al plazo de la investigación, señalando que esta medida cautelar no solo busca garantizar la recolección de pruebas, sino asegurar la presencia del imputado durante todas las etapas del proceso, incluida la fase intermedia y el juicio.

Asimismo, el tribunal recordó que, aunque la prisión preventiva es una medida dinámica y revisable, bajo ninguna circunstancia puede interpretarse como una eliminación del límite legal de 18 meses, por lo que la alegada desproporción carece de fundamento constitucional.

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La Corte también ratificó las medidas impuestas en diciembre pasado por el juez Rigoberto Sena Ferreras, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, quien dictó arresto domiciliario, garantías económicas e impedimento de salida del país contra los coacusados Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención y Heidi Mariela Pineda Perdomo.

Ministerio Público destaca fortaleza del caso

El procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, calificó la decisión como una nueva confirmación de la gravedad de los hechos y de la fortaleza probatoria presentada por los fiscales.

“Una vez más, un tribunal reconoce la solidez de esta investigación y la magnitud del daño causado a un seguro de salud que protege a más de siete millones de dominicanos”, afirmó Camacho, quien encabezó el equipo de fiscales junto al procurador de Corte Héctor García, y los fiscales Yudelka Holguín, Ernesto Guzmán Alberto y Aurelio Valdez.

Camacho reiteró que la prisión preventiva se impuso correctamente desde el primer grado y que su confirmación resulta proporcional al daño causado y a la necesidad de resarcir la afectación provocada a millones de ciudadanos.

“Esto es un estímulo para seguir trabajando. Todo el que haya participado en este entramado corrupto deberá responder ante los tribunales”, sostuvo, al tiempo que adelantó que la investigación continúa abierta.

Finalmente, el funcionario aseguró que el proceso podría ampliarse. “Habrá tantas versiones de la Operación Cobra como lo amerite el caso”, concluyó, subrayando que el Ministerio Público avanza bajo los lineamientos de la procuradora General Yeni Berenice Reynoso.