Santo Domingo.- El juicio contra Wander Samuel Franco Aybar y la madre de una adolescente víctima de explotación sexual iniciará este lunes 2 de junio, según informó el Ministerio Público, que asegura tener pruebas contundentes para sustentar los cargos.

Franco, jugador de Grandes Ligas, es procesado por abuso sexual infantil, mientras Martha Vanessa Chevalier, madre de la menor, enfrenta acusaciones de explotación sexual y lavado de activos, por presuntamente beneficiarse económicamente del delito.

La investigación detalla que la menor fue retenida por varios días en Villa Montellano, Puerto Plata, con fines sexuales, y que posteriormente Franco le enviaba sumas de dinero a su madre para evitar ser denunciado. Esos fondos fueron utilizados para adquirir bienes muebles e inmuebles, según las pruebas recabadas.

El equipo litigante está conformado por fiscales como Claudio Alberto Cordero Jiménez, quien también desarrolló la investigación financiera. Aseguran que las evidencias son sólidas y suficientes para lograr una condena contra los imputados.

Durante la investigación, dirigida por el procurador fiscal titular de Puerto Plata, Kelmi Duncan, y la procuradora de corte Ramona Nova, se recolectaron elementos que comprometen la responsabilidad penal de ambos acusados, bajo coordinación con la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos.

El Tribunal Colegiado del Distrito Judicial de Puerto Plata convocó a las partes y testigos para la audiencia de este lunes, donde se dará inicio a la lectura formal de la acusación.

En el caso de Franco, el expediente establece violaciones a la Ley 136-03 sobre derechos de niños, niñas y adolescentes, así como artículos del Código Penal y de la Ley 137-03 sobre trata de personas.

La madre de la víctima también es señalada por infracciones a la Ley 136-03, la Ley 155-17 sobre lavado de activos y financiamiento del terrorismo, así como a disposiciones del Código Penal y la Ley 137-03.

El Ministerio Público reiteró que el nombre de la mujer ha sido omitido para preservar la identidad de la víctima, una menor de edad, en cumplimiento con los protocolos legales de protección.