Santo Domingo.- El Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) enfrenta un escrutinio profundo tras evidenciarse graves irregularidades que incluyen deficiencias en gestión, prácticas corruptas y clientelares, déficit financiero de miles de millones y retrasos en la entrega de medicamentos y pagos a prestadoras de servicios.

Contratos recientemente difundidos revelan una clara intención de privatizar servicios públicos de salud, especialmente en la red de atención primaria, lo que podría perjudicar el interés general, afectar a los ciudadanos y debilitar la legitimidad de las instituciones. La falta de regulación, transparencia y supervisión en estas contrataciones ha generado preocupación ética, social y económica.

Participación Ciudadana, organización cívica no partidista, enfatiza que los hechos denunciados deben ser investigados a profundidad y con transparencia, «Por ello exigimos consecuencias sobre aquellos que resultasen responsables sin importar cargos, afinidades políticas o rol público o privado» enfatizó la entidad en un comunicado.

En ese sentido, el organismo apoya la labor del Ministerio Público, la Unidad Antifraude de la Contraloría y la Cámara de Cuentas, y recalca que cualquier acto irregular debe ser sancionado, sin importar cargos o afinidades políticas.

Expertos del sector salud señalan que, aunque la participación privada puede aportar eficiencia e innovación, los contratos que priorizan el lucro sobre el bienestar colectivo afectan a los más vulnerables y comprometen la calidad de la atención pública. La combinación de corrupción y mala gestión amenaza la prestación de servicios y la confianza ciudadana.

El caso de SeNaSa representa también una oportunidad para que el gobierno revise sus políticas de salud, mejore la supervisión y garantice la transparencia en la administración de los recursos públicos. Para recuperar la confianza en las instituciones y asegurar un sistema sanitario justo, la sociedad y el Estado deben garantizar que la salud nunca sea tratada como un negocio, sino como un derecho inalienable de todos los ciudadanos.