Santo Domingo.- El Ministerio Público solicitó la apertura a juicio en contra de los principales directivos de la Cooperativa de Ahorros y Crédito Herrera (Coop-Herrera), acusados en la Operación Búho y vinculados a un fraude de más de RD$2,500 millones, que afectó a 366 víctimas.

Durante la audiencia preliminar celebrada este viernes, los fiscales Jonathan Pérez Fulcar, de la Pepca, e Yrcania Ibelice Casado Pimentel, de la Fiscalía de Santo Domingo Oeste, pidieron al tribunal admitir en su totalidad la acusación sustentada con cientos de pruebas materiales, periciales y documentales.

El juez Joan Rodríguez, del Sexto Juzgado de la Instrucción de Santo Domingo Oeste, fijó para el 21 de noviembre a las 9:00 de la mañana la audiencia donde se dará a conocer el fallo sobre la solicitud del órgano acusador.

Por el caso fueron imputados Jorge Eligio Méndez, Gabriel Santana Borsilea, Jacer Eliazar Mejía Pereyra, Julio César Minaya Mejía, Kenia del Carmen Liriano Pérez, Ana Cecilia Tejada Santos de Álvarez, Simona Borsilea Juan, Emanuel Pozo Borsilea, Cristóbal Mariano, Juan Julián Bryan Richardson y Carina Elizabeth García de la Rosa, además de Pedro Eligio Bonilla, declarado en rebeldía.

También fueron acusadas varias empresas vinculadas a los implicados, entre ellas Inmobiliaria Villa Pastoral 21 S.R.L, ByT Diseños y Construcciones S.R.L y GSB Music Studio y Productions S.R.L, señaladas por presuntamente servir para ocultar activos y lavar fondos del fraude.

El Ministerio Público solicitó además el decomiso de los bienes incautados, incluyendo propiedades, vehículos, embarcaciones, dinero en efectivo y cuentas bancarias, en favor de las víctimas afectadas por el esquema fraudulento.

La Operación Búho, ejecutada el 4 de octubre de 2023, movilizó a más de 20 fiscales y 100 agentes policiales, quienes allanaron propiedades de los directivos de Coop-Herrera. Según la investigación, los procesados simulaban préstamos y emitían certificados financieros falsos para distraer fondos de los socios y ahorrantes.

La investigación, desarrollada por la Dirección General de Persecución, la Unidad de Investigación Financiera y la Fiscalía de Santo Domingo Oeste, contó con el apoyo del Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (Idecoop) y de víctimas que denunciaron las irregularidades.