El juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, Rigoberto Sena, se reservó el fallo de medida de coerción para este jueves a las 6 de la tarde, contra los policías, militares y empresarios acusados de lograr contratos de seguridad en instituciones públicas, a través de sobornos, según el Ministerio Público.

El Ministerio Público solicita 18 meses de prisión preventiva contra 5 de los implicados, mientras que prisión domiciliaria contra los que alegadamente admitieron su culpabilidad y colaboraron con la investigación.

Los imputados que admitieron los hechos son Quilvio Rodríguez González, gerente de seguridad de Edenorte; Bolívar Nicolás Fernández Espinal; el coronel Andrés Pacheco Varela; el coronel Ramón Quezada Ortiz y el primer teniente Wellington Peralta Santos.

Lo demás acusados son el general retirado del Ejército de la República Dominicana, Carlos Ambrosio Robles Díaz; los coroneles Luis Ernesto Vicioso Bocio, Francisco Guarín Fernández y Elías Caamaño Pérez y el coronel de la Fuerza Aérea Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar.

La investigación, encabezada por 26 fiscales con el apoyo de 189 agentes de la Policía Nacional, reveló que la presunta estructura corrupta operaba dentro de instituciones públicas como el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), el Seguro Nacional de Salud (Senasa), así como en las tres empresas distribuidoras de electricidad del país Edenorte, Edeeste y Edesur.

El Ministerio Público afirmó que cuenta con pruebas que demuestran que los implicados se beneficiaron indebidamente de contratos estatales por servicios de seguridad.