Santo Domingo. El director de la Defensa Pública, Rodolfo Valentín Santos, respaldó la propuesta de la jueza del Tribunal Constitucional Sonia Díaz, quien sugirió que los militares y policías puedan ejercer el derecho al voto en próximas elecciones.
Valentín Santos recordó que en comicios anteriores se implementó un plan piloto que permitió votar a los internos preventivos, por lo que considera coherente ampliar ese derecho a los miembros de las fuerzas armadas.
“No veo ningún inconveniente, ya que en varios países de América Latina los militares votan. Lo que debe evaluarse es el proceso previo para evitar cualquier incidencia en el proselitismo político”, explicó.
Sin embargo, algunos legisladores mantienen su rechazo a la propuesta, alegando que el país aún no está preparado para permitir el voto militar y policial.
El diputado Ignacio Aracena afirmó que “la República Dominicana todavía no está lista para que los militares y policías ejerzan ese derecho”.
En la misma línea, Ramón Bueno recordó que en el pasado surgieron conflictos cuando se sospechaba de participación militar en las urnas.
“La Constitución y la ley electoral son claras: los militares no pueden votar”, enfatizó.
Por su parte, el diputado Tobías Crespo indicó que el tema no corresponde al Tribunal Constitucional, señalando que los magistrados deben ceñirse a lo que establece la Carta Magna, la cual prohíbe expresamente el voto de los militares.
Contexto de la propuesta
Durante la audiencia solemne del Día de la Constitución, la jueza Sonia Díaz planteó que ha llegado el momento de incorporar a policías y militares a la vida cívica, citando el artículo 75, numeral 2, que establece el deber de votar siempre que se esté en capacidad legal de hacerlo.
“A mi correcto juicio, es tiempo ya de pensar en que los miembros de las instituciones militares y policiales se incorporen a la escena social”, expresó.
Actualmente, la Constitución dominicana prohíbe el derecho al sufragio y a ser elegido a los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, así como a los ciudadanos que hayan perdido sus derechos civiles y políticos.






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