Santo Domingo.- La Asociación de Promotores y Constructores de Viviendas del Cibao (Aprocovici) calificó de excesivos y sin base legal los aumentos a las tarifas de inspección de los proyectos de construcción por parte del Ministerio de la Vivienda y Edificaciones (Mived).

Advirtieron que la decisión tomada por el Mived los obligaría a transferir los costos derivados de dichos aumentos a los compradores finales.

Señalan que transferirle los costos a los compradores finales afectaría no solo el precio de las viviendas sino que disminuiría las oportunidades de las personas para poder comprar una casa, en especial las de clase media.

“Estos aumentos excesivos no tienen base legal clara y nos veríamos en la obligación de transferir estos costos directamente a los compradores finales, afectando el precio de la vivienda e incrementando las barreras de acceso, especialmente para los segmentos de clase media y bajo costo”, expresó el presidente de Aprocovici, Sandy Joel Rodríguez.

La asociación advierte que esta decisión llega en un momento crítico para el sector construcción, que enfrenta una disminución en las ventas, mayores costos financieros y una desaceleración en el inicio de nuevos proyectos.

Aumentar las cargas en estas circunstancias, según Aprocovici, agravará aún más la situación y pondrá en riesgo miles de empleos, así como las metas nacionales en materia de vivienda.

Asimismo, se alertó que la medida podría tener un efecto paralizante sobre nuevos desarrollos habitacionales, al desalentar la inversión y dificultar el cumplimiento de los objetivos de acceso a vivienda digna y asequible. En un contexto de restricciones en el financiamiento, estas decisiones representan un obstáculo adicional para la sostenibilidad del sector.

En ese sentido, Aprocovici hizo un llamado formal al Ministerio de la Vivienda y Edificaciones (MIVED), para reconsiderar la reciente implementación de nuevas tarifas impuestas por la Dirección de Tramitación, Tasación y Licencias, las cuales afectan directamente los trámites realizados a través de la Ventanilla Única de Construcción (VUC) y los servicios de inspección.

La entidad reiteró su compromiso con el fortalecimiento institucional y la regulación, pero subrayó que cualquier tarifa debe ser razonable, proporcional, transparente y sustentada en la ley. También enfatizó la necesidad de que estas decisiones se discutan previamente con el sector privado, mediante procesos de diálogo abiertos y participativos.

“Ordenar su aplicación de forma unilateral, sin tomar en cuenta la realidad del sector vivienda, genera incertidumbre, vulnerabilidad jurídica y debilita la confianza necesaria para impulsar nuevas inversiones”, sostuvo Rodríguez.

En ese sentido, la organización propone la instalación de una mesa técnica de trabajo con los actores principales del desarrollo habitacional, con el objetivo de revisar las tarifas impuestas y buscar soluciones viables que garanticen tanto la sostenibilidad del sector como el acceso a viviendas dignas para las familias dominicanas.