Santo Domingo.- Según la acusación del Ministerio Público, los cinco hombres que murieron el pasado 10 de septiembre en el sector La Barranquita, en Santiago, no fueron abatidos durante un intercambio de disparos, sino ejecutados por un grupo de once agentes policiales que actuaron de forma coordinada, planificada y fuera de los protocolos establecidos.

El expediente del órgano acusador relata que la tarde del hecho, los agentes se distribuyeron en tres vehículos —una camioneta Toyota Hilux de color blanca con la placa PP-0341, un vehículo marca Kia modelo Rio placa A690258 y un vehículo marca Toyota Yaris placa A401356— con el objetivo de interceptar a las víctimas, que se encontraban en los alrededores de una plaza comercial. Cada grupo sabía el rol que debía desempeñar.

Una vez en el lugar, uno de los vehículos se estacionó frente a la entrada principal de la plaza, bloqueando la salida. Los otros dos se colocaron en posiciones laterales, creando un cerco para impedir cualquier intento de huida. De acuerdo con la acusación, los agentes descendieron “sin mediar palabras” y abrieron fuego de manera directa contra las cinco personas presentes.

Tras los disparos, los imputados habrían sustraído los videos de las cámaras de seguridad instaladas en la zona, además de retirar los teléfonos móviles de las víctimas, para eliminar cualquier evidencia que mostrara cómo ocurrieron los hechos. El Ministerio Público sostiene que esa acción fue parte de una maniobra deliberada para obstruir la investigación y ocultar la verdad.

Luego de cometer el hecho, los agentes habrían simulado un enfrentamiento armado y comunicado a sus superiores que las víctimas habían caído durante un intercambio de disparos, en un intento de justificar el uso de la fuerza. Sin embargo, las pruebas recolectadas —entre ellas videos recuperados y testimonios— desmienten esa versión inicial.

Las víctimas fueron identificadas como Elvis Antonio Martínez Rodríguez (Deivito), de 26 años; Julio Alberto Gómez (la Tabla), de 28; Carlos Enrique Guzmán Navarro (el Charly y/o Charli Chasc), de 40; Edward Bernardo Peña Rodríguez, de 35, y José Vladimir Valerio Estévez, de 25 años. Todos murieron en el acto, y según las autopsias, ninguno disparó ni presentaba residuos de pólvora en las manos, lo que respalda la versión de que no hubo enfrentamiento.

El director general de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, confirmó que la investigación forense “descarta por completo un intercambio de disparos”, y que la escena refleja una ejecución extrajudicial, no un operativo legítimo. “Las pruebas que hemos recabado hasta el momento indican que estas muertes se trataron de una ejecución. No hubo cruce de fuego, como lo demuestra la autopsia”, declaró el funcionario.

Los once agentes acusados son: los mayores Álvaro Paredes Paniagua y Hansel Michel Cuevas Carrasco, el capitán José Ignacio Gómez Rodríguez, el segundo teniente Domingo de los Santos Vargas, los cabos Yohandy Encarnación, Geyser Francisco Álvarez Rodríguez y César Augusto Martínez Trinidad, el sargento mayor Sócrates Fidel Féliz Féliz, el sargento Hairo Mateo Morillo, y los rasos Adrián Miguel Villalona Pineda y José Octavio Jiménez Peña.

De acuerdo con el Ministerio Público, los oficiales actuaron “con conocimiento y voluntad común”, lo que demuestra una asociación de malhechores. Por ello, el órgano acusador solicitó 18 meses de prisión preventiva como medida de coerción y pidió que el caso sea declarado complejo, dada la cantidad de pruebas materiales, forenses y digitales incorporadas al expediente.

Durante la audiencia celebrada este viernes, las defensas de los imputados solicitaron un aplazamiento para conocer en detalle las pruebas, petición a la que el Ministerio Público no se opuso, señalando que “nos gusta ganar, pero en buena ley”.
La nueva fecha de audiencia fue fijada para el jueves 9 de octubre a las 9:00 de la mañana.

Camacho reiteró que la Procuraduría llevará el proceso hasta las últimas consecuencias, subrayando que el Estado no puede tolerar “hechos de esta naturaleza dentro de sus fuerzas de seguridad”.
“Vamos a procurar justicia tanto para las víctimas como para sus familiares”, afirmó el funcionario.

El Ministerio Público aseguró que este caso refleja un abuso grave de poder y un uso ilegítimo de la fuerza letal, contrario a los procedimientos policiales establecidos. La investigación continúa para determinar si existieron órdenes superiores o encubrimiento posterior al hecho, mientras la institución reafirma su compromiso con el esclarecimiento total del caso.