Santo Domingo.- La Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA) advirtió que el Proyecto de Ley General de Alquileres y Desahucios, aprobado en primera lectura por la Cámara de Diputados, trasladaría funciones indebidas al sistema financiero, comprometiendo su operatividad y seguridad jurídica.

En una carta enviada al Congreso, firmada por la presidenta del gremio, Rosanna Ruiz, la ABA solicitó revisar a fondo los artículos 15 y 16 de la pieza, al considerar que imponen obligaciones a los bancos sin sustento legal ni operativo, en especial el depósito obligatorio de garantías de alquiler.

El gremio señaló que, si bien podría interpretarse como una medida de trazabilidad y bancarización, se trata de un contrato privado entre arrendador e inquilino, por lo que involucrar a entidades financieras altera su naturaleza jurídica y añade un actor sin atribuciones claras.

Además, la ABA manifestó preocupación por la disposición que ordena a los bancos entregar las garantías “sin más trámite”, sin establecer procesos para verificar el cumplimiento del contrato, lo que calificó como inviable y generador de incertidumbre.

El documento plantea que la ley no aclara si el depósito debe mantenerse íntegro durante todo el contrato, ni quién tendría la facultad para autorizar su devolución en caso de controversia, generando un vacío operativo y legal que podría dar lugar a disputas.

Asimismo, objetó la obligación de notificar estos contratos al órgano supervisor, al entender que se trata de una carga operativa sin precedentes, alejada completamente de las funciones del sistema financiero.

El gremio bancario alertó que cumplir con estas medidas implicaría inversiones significativas en tecnología, capacitación, segmentación de productos y nuevos procesos internos, lo cual afectaría su estructura funcional.

La ABA comparó los efectos del proyecto con el uso abusivo de embargos en la actualidad, indicando que podría generar inseguridad jurídica, distorsiones económicas y un aumento del riesgo legal para el sistema bancario.

En ese sentido, afirmó que la iniciativa, tal como está redactada, afecta el principio de libertad de contratación y lesiona el artículo 50 de la Constitución Dominicana, que protege la libertad de empresa, además de desincentivar inversiones clave como los fondos cerrados del mercado de valores.

También advirtió que la normativa podría tener un efecto negativo sobre la inversión en propiedades de alquiler, impactando de manera directa al sector construcción, uno de los motores del crecimiento económico nacional.

Pese a las objeciones, la ABA expresó su disposición de colaborar con el Congreso en la mejora del proyecto, con el propósito de alcanzar un texto equilibrado, funcional y respetuoso del marco legal vigente.