Por: Olga Montás

En la República Dominicana, la Ley No. 33-18 establece que el financiamiento político público (tanto ordinario como electoral) se distribuya según el porcentaje de votos obtenido por cada partido. Sin embargo, según el Diagnóstico del Sistema Electoral y de Partidos de la República Dominicana: propuestas para la reforma de las Leyes No. 18-33 de Partidos y No. 20-23, hecho por Participación Ciudadana, la fórmula actual no sigue una estricta proporcionalidad.

El método de distribución utilizado, lejos de fomentar una política más equitativa, está sobrefinanciando a partidos en declive y frenando la renovación del sistema político.

La ley define tres categorías de partidos según su nivel de apoyo electoral, y asigna a cada categoría un porcentaje del total a distribuir, que luego se reparte en partes iguales entre los partidos de cada grupo. En teoría, este sistema busca crear condiciones más equitativas para la competencia entre partidos que superan el 5% de los votos.

En un sistema político con fuertes rasgos patrimonialistas y clientelistas como el dominicano, donde los partidos de gobierno suelen tener ventajas significativas, asignar la misma cantidad de dinero a los partidos mayoritarios podría ayudar a nivelar el campo de juego.

Un sistema desigual disfrazado de equitativo

Aunque la Ley 33-18 establece que los fondos deben distribuirse en base al porcentaje de votos obtenido por cada partido, en la práctica el reparto de los fondos no es proporcional ya que la norma agrupa a los partidos en tres categorías según su nivel de apoyo electoral, y dentro de cada grupo reparte el dinero en partes iguales, sin tomar en cuenta la diferencia real de votos entre ellos.

Esto genera distorsiones importantes. Por ejemplo, Segúin el Diagnóstico del sistema electoral y de partidos, en 2025, el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), que obtuvo solo el 10.4% de los votos en las elecciones presidenciales de 2024, recibe la misma cantidad (RD$ 400.4 millones) que el PRM (48.4%) y la Fuerza del Pueblo (26.7%).

En un sistema verdaderamente proporcional, al PLD le correspondería 2.6 veces menos.

El efecto perverso: clientelismo y estancamiento

El sistema de reparto actual crea incentivos negativos. Al recibir grandes sumas sin que estas dependan directamente del apoyo ciudadano, los partidos no sienten la necesidad de renovarse, mejorar sus propuestas ni ampliar su base electoral. Con fondos suficientes para mantener estructuras de patronazgo, se apoyan en prácticas clientelistas para conservar el poder, sin conectarse verdaderamente con las demandas de la sociedad.

Este fenómeno ha sido evidente en el caso del PRSC y el PRD, partidos que durante años conservaron estatus de mayoritarios, y con ello, grandes recursos, a pesar de haber perdido el respaldo popular. Incluso después de la división del PRD en 2014, su alianza con el PLD le permitió seguir recibiendo fondos y puestos estatales hasta 2024, se afirmó en el Informe de propuestas para la reforma de las Leyes No. 18-33 de Partidos y No. 20-23

El problema no es solo de los grandes partidos

El reparto también favorece la proliferación de partidos pequeños con escaso o nulo respaldo. En las elecciones de 2024, los tres partidos mayoritarios concentraron el 85.5% del voto, pero los otros 30 partidos minoritarios recibieron el 14.5% restante.

Aun así, muchos de estos partidos reciben fondos muy por encima de lo que les correspondería en proporción a sus votos.

Por ejemplo, partidos minoritarios con apenas 1% del voto están recibiendo más del doble del financiamiento proporcional. Incluso once micropartidos con menos de 10,000 votos cada uno (equivalente al 0.25%) reciben entre 1.5 y 4.9 veces más de lo que obtendrían bajo una fórmula proporcional.

El modelo dominicano, más que fortalecer el sistema de partidos, ha servido para perpetuar estructuras clientelistas, mantener partidos con escasa legitimidad electoral y dificultar el surgimiento de nuevas fuerzas políticas. Ningún otro país de la región distribuye los fondos de esta manera.

Con recursos asegurados, pero sin incentivos para competir, innovar o conectar con las demandas sociales, muchos partidos sobreviven gracias al Estado, no a los ciudadanos. Esto debilita la rendición de cuentas, perpetúa el estancamiento institucional y erosiona la calidad democrática.

Este análisis plantea preguntas cruciales sobre si el método de distribución del financiamiento político en la República Dominicana está realmente fomentando una democracia más sana, o si está, sin quererlo, perpetuando prácticas clientelistas y obstaculizando la renovación del sistema de partidos.