El Senado de la República aprobó con modificaciones y en segunda lectura el Proyecto de Ley para el fortalecimiento del Sistema de Justicia que crea el Ministerio de Justicia, iniciativa presentada por los senadores Cristóbal Venerado Castillo y Félix Bautista.

Con una votación de 22 de los 23 senadores presentes, la pieza legislativa consta de 75 artículos.

La normativa sufrió modificaciones en los artículos, 9,11,16,18,22,23,44,45,48,49 y 69; así como la derogación de las disposiciones transitoria a sugerencia de los proponentes, Cristóbal Venerado Castillo y Félix Bautista; y los senadores Ramón Rogelio Genao y Pedro Catrain .

De acuerdo a una nota de prensa, la aprobación de esta iniciativa tiene el propósito de crear y organizar la estructura y funciones del Ministerio de Justicia, a la vez que fortalecen el Sistema de Justicia.

La pieza señala, en su artículo 12, las atribuciones que posee este ministerio, entre ellas, la de gestionar la atención y colaboración brindadas desde el Poder Ejecutivo al Sistema de Justicia; así como ejercer, en los casos que corresponda, la representación y defensa del Estado y la administración pública en las sedes jurisdiccionales de su competencia, así como en los foros arbitrales y de otros medios alternativos para la solución de conflictos.

También, coordina el Sistema Nacional de Derechos Humanos y las políticas públicas en materia de derechos humanos, e instrumenta la respuesta a los requerimientos normativos, procesales y documentales de los organismos internacionales de derechos humanos, entre otras.

La misma entrará en vigencia en un plazo de doce meses, después de su posterior sanción.

La pieza refiere que, la parte capital del artículo 169 de la Constitución de la República establece que “El Ministerio Público es el órgano del sistema de justicia responsable de formular e implementar la política de persecución penal contra la criminalidad, dirigir la investigación penal y ejercer la acción pública en representación de la sociedad”;

Además, indica que la República Dominicana está constitucionalmente ideada como un Estado social y democrático de derecho, lo cual, en materia de justicia, implica la concepción y ejecución de normas y políticas públicas orientadas a fortalecer el acceso a la justicia y la protección de los derechos de las personas.