Santo Domingo.- La exviceministra de Medio Ambiente, Milagros De Camps Germán, formalizó una querella penal con constitución en actor civil contra el comentarista digital Ángel Martínez y otros usuarios, por presunta difamación e injuria agravada, a raíz de una serie de publicaciones en redes sociales calificadas como ofensivas y falsas.

La denuncia fue depositada ante la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional, como parte de una estrategia legal iniciada el pasado 24 de enero. El documento, suscrito por un equipo de cinco abogados, invoca el Código Penal dominicano, la Ley sobre Expresión y Difusión del Pensamiento y la Ley 53-07 sobre delitos tecnológicos.

Según la querellante, los contenidos difundidos constituyen una campaña sistemática de descrédito, con lenguaje peyorativo, imágenes alteradas y afirmaciones que, afirma, carecen de sustento. La acción legal también reclama una indemnización de 10 millones de pesos, que serían destinados al Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP).

Los abogados de De Camps sostienen que el caso no se limita a un conflicto personal, sino que plantea una interrogante de fondo: ¿dónde termina la libertad de expresión y comienza la responsabilidad penal? Argumentan que, si bien las redes sociales abren espacios democráticos, no deben convertirse en refugios para la impunidad ni en armas de agresión digital.

El expediente cita precedentes del Tribunal Constitucional y apela a la necesidad de reafirmar límites éticos y jurídicos en el debate público, especialmente cuando la viralidad multiplica el alcance del daño en segundos. En ese contexto, el caso podría convertirse en un precedente importante sobre delitos digitales en la República Dominicana.

Mientras el Ministerio Público evalúa los próximos pasos, incluyendo medidas de coerción, el proceso ha reavivado un debate nacional sobre la delgada línea entre crítica legítima y violencia digital.