Montecristi. Con una niña cargando una cruz de madera al frente de la marcha y bajo la consigna “Una caminata por la dignidad y por el derecho de cada familia a vivir sin miedo”, agricultores y comunitarios de Los Bateyes y Palo Verde en Montecrity denunciaron este jueves una grave crisis humana y productiva que amenaza su subsistencia.

Los manifestantes aseguran que en las últimas semanas se han producido desalojos abusivos, destrucción de viviendas, eliminación de cultivos y atropellos, lo que habría provocado un desplome casi total de la actividad agrícola en la zona.

Durante la caminata, los lugareños portaron cruces como símbolo del viacrucis responsabilizaron directamente al administrador del Proyecto La Cruz–Manzanillo, ingeniero Julio César Estévez, a quien acusan de ejecutar acciones que están dejando a decenas de familias “en la calle”.

Uno de los afectados, acompañado de su hija, expresó con vehemencia el impacto del desalojo:

“Esto ha sido una delincuencia, un abuso total. Que investiguen qué han sembrado ellos aquí, que lo diga el pueblo. Esto fue un abuso de poder, porque han usado el poder para abusar. Señor presidente, abra los ojos, le están haciendo daño. Tanto que nos costó construir el PRM y hoy lo están destruyendo. El pueblo está en contra de este desalojo. ¡Por nuestra familia!”.

El comunitario relató que para levantar su vivienda tuvo que endeudarse, y ahora, tras el desalojo, no tiene cómo pagar el préstamo ni dónde alojar a sus cuatro hijas:

“Hice un préstamo para esta casita, pero lo que gano no me alcanza para pagar y volver a construir. Este administrador nos hizo un daño. Yo no sabía ni qué hacer; estaba dispuesto a que me mataran porque no tengo dónde llevar a mi familia. Amanecemos en la calle, estamos en la calle ahora mismo. Presidente, tome cartas en el asunto. Esto es una indolencia, porque no tiene corazón para tirar niños y adolescentes a la calle”.

Los agricultores advierten que, además del drama humano, la zona está enfrentando un colapso en la productividad agrícola, lo que afectaría la economía local y la seguridad alimentaria de decenas de familias.

La comunidad exige la intervención inmediata del Gobierno, una investigación sobre las actuaciones denunciadas y medidas que garanticen que ninguna familia quede desamparada.