La Oficina de Atención Permanente del Distrito Judicial de Barahona aplazó para el próximo 4 de noviembre la audiencia de medida de coerción contra Deurys Misael Florián Matos y Ángel Adriano Báez, señalados por el Ministerio Público como responsables de sustraer cerca de RD$29 millones de una sucursal del Banco de Reservas en esta ciudad.

El aplazamiento fue solicitado por los abogados defensores, quienes alegaron necesitar más tiempo para presentar presupuestos y analizar el expediente acusatorio.

Según la acusación, los imputados habrían participado en un esquema de fraude interno mediante la manipulación del sistema contable de la entidad financiera, realizando traspasos falsos desde la caja bóveda No. 54 y simulando operaciones legítimas.

El procurador fiscal de Barahona, Wellington Matos Espinal, indicó que una auditoría interna permitió detectar las irregularidades, confirmando la sustracción de los fondos. Las investigaciones también vinculan a una tercera persona, aún prófuga, presuntamente implicada en el caso.

La jueza María Consuelo Valenzuela declaró el proceso como complejo, debido a la magnitud del presunto desfalco y al periodo en que se habrían ejecutado las maniobras fraudulentas, entre noviembre de 2023 y junio de 2025.

De acuerdo con las pesquisas, Florián Matos, quien se desempeñaba como oficial de caja, habría generado comprobantes falsos por montos de RD$10.8 millones y RD$13 millones. Báez, cajero principal, está acusado de facilitar información confidencial y utilizar credenciales ajenas para encubrir los movimientos irregulares.

El Ministerio Público también señala al excolaborador Wanderson Natanael Medina Capellán, acusado de participar en depósitos y pagos irregulares hacia cuentas personales y de allegados.

Durante los allanamientos, las autoridades ocuparon documentos personales, tarjetas bancarias, licencias de armas, una pasola Honda Lead azul y un reloj Fossil, entre otras evidencias que serán presentadas en el proceso judicial.

La magistrada Valenzuela será quien decida sobre la solicitud del Ministerio Público de imponer prisión preventiva como medida de coerción contra los imputados.