Matías Avelino Castro, condenado a 20 años de prisión por su participación en el asesinato del periodista José Agustín Silvestre en 2011, obtuvo un permiso laboral que le permite salir del Centro de Corrección y Rehabilitación CCR-14, en Anamuya, Higüey, de lunes a viernes, regresando al penal los fines de semana.

La medida fue otorgada por la jueza Haydeliza Ramírez Henríquez, del Tribunal de Ejecución de la Pena del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís, y tendrá una duración inicial de un año, desde el 14 de julio de 2025 hasta el 20 de julio de 2026.

Durante ese periodo, Avelino Castro deberá cumplir con estrictas condiciones, entre ellas residir en su domicilio declarado en Santo Domingo Este, abstenerse del consumo de alcohol y drogas, no portar armas y presentarse cada viernes ante la dirección del centro penitenciario.

El beneficio busca facilitar que el interno desempeñe un empleo digno y remunerado, bajo la supervisión de su garante, Ramón Antonio Guzmán Saviñon, quien lo ha contratado como vendedor de seguros de vehículos con un salario mensual de 30 pesos.

El tribunal advirtió que el incumplimiento injustificado de estas normas puede derivar en la revocación del permiso y su reintegro permanente al CCR-14.

Avelino Castro fue condenado el 10 de abril de 2018 junto a Elvin Canario de Oleo y Ángel Amed Mañón Gutiérrez, quienes recibieron 30 años de prisión y fueron obligados al pago de ocho millones de pesos como indemnización.

En ese entonces, el tribunal validó las pruebas presentadas por la Fiscalía de San Pedro de Macorís y la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, que demostraron su participación en el asesinato del periodista y en delitos relacionados con lavado de activos.

Justificación del juzgado

La jueza Ramírez Henríquez fundamentó su decisión en el informe de la Junta de Tratamiento del centro penitenciario, que recomendó el otorgamiento del beneficio tras evaluar al interno.

Según la resolución, Avelino Castro ha mostrado hábitos constantes de trabajo y dedicación al estudio, con una conducta calificada como “muy buena” en el informe del 12 de marzo de 2025.

La magistrada citó además tratados internacionales sobre derechos humanos, como el artículo 10.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que establecen que el régimen penitenciario debe promover la reforma y reinserción social.

También recordó que la Ley 113-2021, que regula el sistema penitenciario dominicano, contempla periodos de prueba para facilitar la transición del interno hacia un régimen abierto o semiabierto, como parte de su proceso de reintegración.