Santiago.- El Palacio de Justicia de esta ciudad se encuentra militarizado este jueves, por el conocimiento de la medida de coerción contra los 11 agentes de la Policía Nacional, a los que el Ministerio Público inputa el asesinato de cinco hombres, acaecido el pasado 10 de septiembre, en una plaza comercial del sector La Barranquita.

Los agentes policiales son: Álvaro Paredes Paniagua (mayor), José Gómez Rodríguez (capitán), Domingo de los Santos Vargas (segundo teniente), Yohandy Encarnación (cabo), Geyser Francisco Álvarez Rodríguez (cabo) y Adrían Miguel Villalona Pineda (raso), adscritos al Departamento de Investigación de Delitos Complejos de la Policía Nacional.

Además de ellos también están siendo acusado: Hansel M. Cuevas Carrasco (mayor), Sócrates Fidel Féliz Féliz (sargento mayor), Hairo Mateo Morillo (sargento), César Augusto Martínez Trinidad (cabo) y José Octavio Jiménez Peña (raso), de la Subdirección Regional de Investigación Cibao Central de la Policía Nacional, en Santiago de los Caballeros.

Las víctimas mortales fueron identificadas como: Edward Bernardo Peña Rodríguez, de 35 años, Carlos Enrique Guzmán Navarro alias “el Charly y/o Charli Chasc”, de 40 años, José Vladimir Valerio Estévez, de 25 años, Elvis Antonio Martínez Rodríguez alías “Deivito”, de 26 años y Julio Alberto Gómez alías “La Tabla”, de 28 años, cuyo deceso se produjo mientras recibían atenciones médicas en el Hospital Doctor Cabral y Báez, de Santiago.

El Ministerio Público solicita 18 meses de prisión preventiva y que el caso sea declarado complejo. Se recuerda que el director de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), Wilson Camacho calificó como ejecuciones extraoficiales lo ocurrido.

Según el corresponsal de la zona, Junior Marte, al momento del traslado de los acusados uno de ellos pidió a las autoridades, que se revisen todos los materiales audiovisuales. 

“Yo tengo que decir que investiguen bien el video que tienen en su poder donde se ve el barbero disparando”, detalló uno de los acusados al momento del traslado. 

El organo acusador otorgó al caso la calificación jurídica provisional de violación a los artículos 265, 266, 295 y 304 del Código Penal Dominicano que tipifican la Asociación de Malhechores y el Homicidio Voluntario.