Santo Domingo.  -El Ministerio Público solicitó 18 meses de prisión preventiva como medida de coerción contra once agentes policiales acusados de asociación de malhechores y homicidio voluntario en perjuicio de cinco hombres abatidos el pasado 10 de septiembre en una plaza comercial de La Barranquita, Santiago.

La instancia fue presentada ante la Jurisdicción de Atención Permanente del Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de Santiago por el procurador adjunto Wilson Camacho, la fiscal titular interina Quirsa Milagros Abreu y los procuradores de corte Geraldo Andrés Ponce y Miguel Antonio Ramos.

Los fiscales pidieron declarar el caso como de tramitación compleja, alegando que los imputados intentaron entorpecer la investigación al sustraer videos de cámaras de seguridad y teléfonos móviles de testigos que grabaron el hecho.

Los agentes involucrados son los mayores Álvaro Paredes Paniagua y Hansel Michel Cuevas Carrasco; el capitán José Ignacio Gómez Rodríguez; el segundo teniente Domingo de Los Santos Vargas; los cabos Yohandy Encarnación, Geyser Francisco Álvarez Rodríguez y César Augusto Martínez Trinidad; el sargento mayor Sócrates Fidel Féliz Féliz; el sargento Hairo Mateo Morillo; y los rasos Adrián Miguel Villalona Pineda y José Octavio Jiménez Peña.

Las víctimas fueron identificadas como Elvis Antonio Martínez Rodríguez (Deivito), Julio Alberto Gómez (la Tabla), Carlos Enrique Guzmán Navarro (el Charly y/o Charli Chasc), Edward Bernardo Peña Rodríguez y José Vladimir Valerio Estévez.

Según el expediente, los policías llegaron en tres vehículos (un Mazda, un Honda Civic y un KIA K5) y dispararon sin mediar palabras frente a la entrada de la plaza. Posteriormente, habrían confiscado teléfonos móviles y los DVR de los negocios del entorno para eliminar evidencias.

Incluso, contactaron al propietario de un local cerrado para exigirle el DVR del establecimiento, el cual fue retirado por los agentes.

El Ministerio Público calificó provisionalmente el caso como violación a los artículos 265, 266, 295 y 304 del Código Penal Dominicano.

La procuradora general Yeni Berenice Reynoso instruyó una investigación exhaustiva para esclarecer las circunstancias del hecho y proceder conforme a sus hallazgos.