Santo Domingo.– La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, valoró los logros alcanzados por el Ministerio Público en materia de decomisos de dinero en efectivo y bienes, los cuales, conforme al marco legal vigente, deben ser transferidos a la Cuenta Única del Tesoro o al Instituto Nacional de Custodia y Administración de Bienes Incautados, Decomisados y en Extinción de Dominio (Incabide).

Reynoso informó que actualmente se encuentran en proceso de transferencia de bienes ordenados por los tribunales, entre los que figuran propiedades de alto valor. “Estamos en el proceso ahora de la transferencia de los bienes, que es una preocupación porque ahí hay bienes muy costosos, cuando decimos que tenemos una villa que cuesta más de 300 millones… son bienes que son costosos”, expresó.

La funcionaria recordó que las solicitudes de decomiso guardan proporcionalidad con los montos involucrados en los delitos investigados, y reiteró que el Ministerio Público actúa conforme a lo establecido en la Ley 60-23, que exige la transferencia de los bienes incautados “de manera inmediata o dentro de treinta días hábiles”.

En ese sentido, reconoció que el proceso ha sido lento, pero aseguró que se trabaja para agilizarlo. “Nosotros sí quisiéramos que los casos fueran mucho más rápidos; se debe agilizar el paso en que van los casos, pero ahí no hay un aplazamiento que sea motivado por el Ministerio Público. Uno solo no lo hay; porque nosotros tenemos el lema ¡Listos siempre!”, afirmó.

Uno de los casos más emblemáticos es el de Maxy Gerardo Montilla Sierra, principal imputado en la querella por estafa en las distribuidoras de electricidad, quien acordó devolver más de RD$3,000 millones al Estado, de los cuales RD$2,000 millones fueron en efectivo y el resto en bienes.

Durante un encuentro con representantes del movimiento cívico Participación Ciudadana, Reynoso presentó el plan operativo del Ministerio Público y reiteró la importancia de que la ciudadanía se mantenga vigilante para fortalecer la transparencia y la cultura de cero impunidad.

La reunión contó con la presencia del procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución, y fue encabezada por la coordinadora general de Participación Ciudadana, Leidy Blanco García, quien valoró el trabajo del Ministerio Público y reafirmó el compromiso del movimiento con el fortalecimiento institucional y la independencia del sistema de justicia.

Reynoso subrayó que el Ministerio Público puede solicitar el decomiso de bienes equivalentes al monto desfalcado, incluso si estos fueron adquiridos legalmente. “En la mayoría de los países desarrollados esa es la política que se asume con relación a esto, y es que hay un criterio a nivel internacional que la responsabilidad mayor es del funcionario”, concluyó.